D.F.
Javier López y García de la Serrana es un reconocido profesional dentro del ámbito jurídico granadino. Abogado y profesor contratado doctor de Derecho Mercantil, con más de 300 publicaciones, entre ellas una veintena de libros; director del Máster en Responsabilidad Civil de la UGR y presidente de la Asociación Española de Abogados Especialistas en Responsabilidad Civil y Seguro. Se le ha otorgado en dos ocasiones –por el Ministerio de Justicia– la Cruz Distinguida de San Raimundo de Peñafort, así como la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía por el Consejo General de la Abogacía Española, y la Medalla por méritos especiales de la Facultad de Derecho de la UGR. Pero en el ámbito empresarial, la labor de López y García de la Serrana también es más que destacable ya que es socio fundador del bufete jurídico HispaColex. En esta ocasión, en entrevista con Granada Económica, se centra en la reforma y actualización de las indemnizaciones por accidentes de tráfico que se acaba de aprobar, así como en el desarrollo de la nueva regulación de los Vehículos Personales Ligeros (patinetes, segway, monoclicos…)
Javier, usted es el único abogado en España miembro de la Comisión de Seguimiento del Baremo de Daños Personales en Accidentes de Circulación. ¿Qué función tiene dicha Comisión y quien la compone?
Esta Comisión fue creada por la Ley 35/2015 para evaluar cómo se aplica el nuevo Baremo de indemnizaciones en la práctica y si cumple con los objetivos previstos. Asimismo, puede proponer reformas legales, ajustes en el baremo, o nuevas metodologías de cálculo. Está formada por doce miembros, de los que dos son altos cargos de la Dirección General de Seguros y otros dos del Ministerio de Justicia; también la componen el director del Consorcio de Compensación de Seguros, un actuario de seguros, dos miembros de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, dos del sector asegurador, un catedrático de derecho civil y un abogado experto en responsabilidad civil y seguros, plaza que ocupo desde su constitución en marzo de 2017.
¿Qué significa para usted que por primera vez haya celebrado sus sesiones fuera de Madrid y precisamente lo haya hecho en HispaColex?
Es un verdadero honor que un órgano de tanta trascendencia para la justicia y la protección de las víctimas, elija Granada y, concretamente, las instalaciones de HispaColex para celebrar durante tres días sus sesiones; es un reconocimiento al trabajo y la dedicación de los profesionales del derecho, poniendo en valor la contribución de la abogacía de toda España al desarrollo legislativo de esta importante materia.
La Comisión que usted integra ha sido clave en la reforma y actualización de las indemnizaciones por accidentes de tráfico que se acaba de aprobar, así como en el desarrollo de la nueva regulación de los Vehículos Personales Ligeros (patinetes), ¿Qué aspectos destacaría de ambas cuestiones?
La reforma de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor incorpora cincuenta avances cruciales para la protección de las víctimas; destacaría la mejora en la valoración de las indemnizaciones por fallecimiento, secuelas y lesiones temporales, así como la protección de los herederos de las víctimas en el caso de lesionados que fallecen antes de fijarse la indemnización. También se actualizan distintos aspectos de las tablas que cuantifican el lucro cesante y la necesidad de ayuda de tercera persona que puede suponer un accidente de tráfico, incrementando, por ejemplo, el porcentaje de perjuicio por lucro cesante en supuestos de incapacidad total de mayores de 55 años, dada la dificultad de estos de volver a encontrar trabajo. Además, se crean nuevas tablas para el cálculo del lucro cesante que pueden sufrir las personas dedicadas a las tareas del hogar. Con respecto a vehículos personales ligeros (VPL), hemos estudiado su siniestralidad y las experiencias en otros países, pero sobre todo hemos buscando un equilibrio entre la protección de las víctimas y la viabilidad del sistema. Entre los aspectos más relevantes, destacaría la propuesta de un marco asegurador que ofrezca seguridad jurídica tanto a usuarios de VPL como a terceros, la clara definición de los vehículos afectados y el establecimiento de coberturas adecuadas a los riesgos específicos que presentan estos nuevos medios de transporte.
Una de las novedades más destacadas de la Ley 5/2025 es la previsión de un seguro obligatorio para los patinetes. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales retos jurídicos y prácticos de esta nueva obligación aseguradora?
La introducción a partir del próximo dos de enero de un seguro obligatorio para los vehículos personales ligeros (VPL), como son los patinetes, es una respuesta necesaria a una realidad social, pero no está exenta de retos. Jurídicamente, el principal desafío radica en una definición precisa de qué se considera un VPL, para evitar lagunas o inseguridad. Prácticamente, los retos incluyen la implementación efectiva del control de esta obligación de aseguramiento, la concienciación ciudadana sobre su necesidad, el diseño de productos aseguradores accesibles y adaptados, y la gestión ágil de la siniestralidad asociada a estos vehículos, que a menudo es de menor cuantía pero alta frecuencia.
Desde su experiencia como especialista en responsabilidad civil y seguros, ¿cómo valora la transposición que hace la reforma de la Directiva (UE) 2021/2118? ¿Estamos realmente ante un fortalecimiento del sistema o existen todavía lagunas por cubrir?
La transposición de la Directiva (UE) 2021/2118 representa, sin duda, un paso adelante significativo hacia el fortalecimiento de nuestro sistema de seguro obligatorio y la protección de las víctimas de accidentes de circulación. Se busca una mayor armonización y una mejora en la cobertura. Como toda reforma ambiciosa, su efectividad plena se verá con la aplicación práctica. Si bien se abordan muchos aspectos cruciales, el Derecho es dinámico y siempre existirán áreas susceptibles de perfeccionamiento o adaptación futura, especialmente ante la constante evolución de la movilidad y los riesgos asociados. Lo importante es que se sienten bases sólidas.
En el ámbito de la protección del consumidor, se incluye en la ley una mejora sustancial: el derecho a obtener gratuitamente copia del atestado del accidente. ¿Qué repercusión puede tener esta medida en la práctica procesal y para las víctimas?
Esta medida es de una enorme trascendencia para la protección de las víctimas y el acceso a la justicia. Facilitar gratuitamente copia del atestado agilizará notablemente los procesos de reclamación, tanto extrajudiciales como judiciales. Para las víctimas, supone eliminar una barrera económica y burocrática, permitiéndoles acceder a un documento fundamental para acreditar los hechos y fundamentar sus derechos desde un primer momento. En la práctica procesal, contribuirá a que las reclamaciones estén mejor documentadas, pudiendo incluso reducir la litigiosidad al facilitar acuerdos basados en una información más clara y accesible para todas las partes.
¿Cómo ha sido la interacción de la Comisión de Seguimiento con los Ministerios de Justicia y Economía en la elaboración del informe y las recomendaciones normativas? ¿Existe un verdadero canal de comunicación y escucha con los órganos legislativos?
La interacción con los Ministerios de Justicia y Economía ha sido fluida y constructiva. Desde la Comisión de Seguimiento, hemos trabajado con la vocación de aportar nuestra experiencia técnica y visión práctica para enriquecer el proceso normativo. Puedo afirmar que ha existido un canal de comunicación abierto y una disposición a la escucha por parte de los órganos con potestad legislativa y reglamentaria. Considero fundamental este diálogo entre los expertos que aplican la ley y quienes la diseñan, pues es la mejor garantía para alcanzar normas eficaces, justas y adaptadas a las necesidades reales de la sociedad.
Más allá de los VPL (vehículos personales ligeros), ¿cree que esta reforma marca una nueva etapa en la legislación del seguro obligatorio en España? ¿Cómo puede afectar a otros ámbitos del derecho de daños?
Definitivamente, esta reforma, con su atención a los VPL y la transposición de la directiva, marca una nueva etapa. Refleja la necesaria adaptación del Derecho a las transformaciones sociales y tecnológicas, especialmente en el ámbito de la movilidad. Más allá del seguro obligatorio de automóviles, sienta un precedente en cómo abordamos los nuevos riesgos y la protección de los perjudicados. Podría influir en otros ámbitos del derecho de daños, impulsando una reflexión sobre la necesidad de actualizar mecanismos de responsabilidad y aseguramiento ante innovaciones en otros sectores, siempre con el foco en la reparación integral y la seguridad jurídica.
¿Qué papel ha jugado la experiencia y composición multidisciplinar de la Comisión de Seguimiento en la elaboración de propuestas equilibradas? ¿Qué ha aportado usted como abogado y académico?
La composición multidisciplinar de la Comisión de Seguimiento es uno de sus mayores activos. Contar con profesionales de diversos ámbitos –administración de justicia, consorcio de compensación de seguros, actuarios, representantes de víctimas y del sector asegurador, universidad y abogacía– permite abordar los problemas desde múltiples perspectivas, enriqueciendo el debate y facilitando la consecución de propuestas equilibradas y realistas. Personalmente, como abogado en ejercicio y académico, he intentado aportar la visión práctica de quien lidia día a día con la aplicación de la ley en los tribunales, combinada con el rigor analítico y la perspectiva más amplia que ofrece la docencia y la investigación jurídica.
Por último, dado que la Ley 5/2025 ha sido ya aprobada el pasado día 22 de julio, ¿Qué mensaje lanzaría a los operadores jurídicos y al conjunto de la ciudadanía sobre el impacto real que tendrá esta reforma en su día a día?
A los operadores jurídicos, les diría que estamos ante una reforma que moderniza nuestro sistema de responsabilidad civil y seguro, adaptándolo a los nuevos tiempos. Requerirá un esfuerzo de estudio y adaptación, pero traerá consigo herramientas más eficaces para la defensa de los derechos de nuestros clientes. A la ciudadanía, un mensaje de tranquilidad y confianza: esta reforma busca, ante todo, mejorar su protección. Ya sea como peatón, conductor de un vehículo tradicional o usuario de un patinete, el objetivo es que, en caso de accidente, el sistema responda de forma más ágil, justa y transparente.
La Comisión del Baremo de Autos se reunió en HispaColex para avanzar en la propuesta de reglamento del seguro obligatorio para vehículos personales ligeros (VPL), conforme a la encomienda de la Ley 5/2025
Redacción/ GE
La Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración de Daños Personales en Accidentes de Circulación se reunió desde la tarde del 30 de junio hasta el 2 de julio en la sede del despacho granadino HispaColex Bufete Jurídico, para elaborar la propuesta de desarrollo reglamentario del seguro obligatorio de vehículos personales ligeros (VPL), entre los que se encuentran los patinetes. Esta es la primera vez desde 2019 que la Comisión celebra sus sesiones fuera de la Dirección General de Seguros o del Ministerio de Justicia desde 2019, lo que representa un reconocimiento al trabajo de uno de sus miembros, el letrado granadino Javier López y García de la Serrana, director de HispaColex y presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro.
Esta Comisión fue creada por orden de los Ministerios de Economía y de Justicia el 27 de octubre de 2016, en cumplimiento de la Disposición adicional primera de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, con el objeto de analizar su puesta en marcha, así como sus repercusiones jurídicas y económicas.
En base al objeto para el que fue creada, la Comisión de Seguimiento del Baremo de Autos emitió un Informe Razonado publicado por los Ministerios de Justicia y Economía el 23 de julio de 2020, que había sido realizado durante dos años tras una exhaustiva recopilación de información sobre las repercusiones jurídicas y económicas del nuevo Baremo, obtenida a través de la realización de 286 encuestas a profesionales del sector, así como la celebración de diversas jornadas con la participación de destacados profesionales de los distintos sectores implicados en la aplicación del nuevo sistema valorativo legal, entre ellos diferentes responsables de daños corporales en aseguradoras, miembros de asociaciones de víctimas, miembros de la abogacía, miembros de la carrera judicial y fiscal, médicos valoradores de daño corporal, médicos forenses y actuarios.
Después de la emisión del referido Informe Razonado que contenía cincuenta propuestas para la mejora del sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, se encomendó a la Comisión que continuara sus trabajos implementando esas cincuenta sugerencias, desarrollando para ello una propuesta de texto normativo que dio lugar al Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que se publicó en el Boletín oficial de la Cortes Generales el 7 de junio de 2024.
Tras su paso por el Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley quedó aprobado con pequeñas enmiendas el pasado 10 de junio de 2025, siendo remitido al Senado el 20 de junio de 2025, habiéndose aprobado finalmente el pasado 22 de julio y, con ello, finalizando su tramitación parlamentaria para convertirse en la Ley 5/2025, que fue publicada en el BOE el pasado 25 de julio, entrando inmediatamente en vigor, salvo en lo que respecta al seguro obligatorio de los VPL (entre ellos los patinetes), que será de aplicación a partir del 2 de enero de 2026.
