No es extraño que una sociedad encargue obras o servicios a otra empresa relacionada con uno de sus administradores. La operación, por sí sola, no es ilegal. El problema aparece cuando se cuestiona si se contrató en condiciones adecuadas o si el administrador aprovechó su posición para obtener un beneficio. En esos casos conviene distinguir dos cuestiones que suelen mezclarse: el posible perjuicio sufrido por la sociedad y la ganancia que haya obtenido indebidamente quien debía defender sus intereses.
La Ley de Sociedades de Capital no impide estas contrataciones, pero las somete al deber de lealtad. Esto obliga al administrador a comunicar el conflicto de intereses, abstenerse de intervenir en la decisión y recabar, cuando proceda, la autorización de la junta general o del órgano de administración. Tampoco esa autorización garantiza por sí sola que no exista responsabilidad, especialmente si faltó información relevante o las condiciones fueron abusivas.
Una sentencia reciente del Tribunal Supremo, la 1129/2026, de 13 de julio, ilustra hasta qué punto importa formular bien una reclamación. El asunto surgió cuando una sociedad dedicada al autoalmacenaje encargó trabajos de acondicionamiento a una empresa vinculada a su director general y administrador. La sociedad sostuvo que esa intermediación había encarecido las obras y reclamó una indemnización.
Sin embargo, la prueba pericial no acreditó que el precio abonado fuera superior al de mercado. El Supremo recordó que el margen comercial que obtiene una empresa subcontratada no supone, sin más, un daño para quien contrata sus servicios. La sociedad trató entonces de obtener la devolución del beneficio logrado por el administrador, pero formuló esa petición en una fase avanzada del procedimiento y no en la demanda inicial. El tribunal tampoco pudo estimarla.
El caso pone de relieve la importancia de elegir bien qué se reclama. Para exigir una indemnización es necesario demostrar la conducta reprochable del administrador, un daño efectivo al patrimonio social y la relación entre ambos. En cambio, el artículo 227.2 de la Ley de Sociedades de Capital permite reclamar la restitución del enriquecimiento injusto derivado de una infracción del deber de lealtad, aunque no se haya probado un sobreprecio. Son pretensiones distintas y deben plantearse expresamente desde el comienzo.
También lo son las pruebas que las respaldan. Habrá que revisar actas y autorizaciones societarias, contratos, presupuestos, facturas y pagos. Un informe pericial bien elaborado puede ayudar a determinar si la operación se ajustó al mercado o si existió un beneficio indebido atribuible al administrador.
Pensemos en una reforma por la que una sociedad paga 400.000 euros a la empresa de su administrador. Esta subcontrata los trabajos por 350.000 euros y conserva 50.000 euros sin aportar valor añadido. Esa diferencia no acredita automáticamente un perjuicio, pero puede justificar que se investigue si el administrador incumplió su deber de lealtad y si ese beneficio le resulta jurídicamente atribuible.
La acción social de responsabilidad corresponde normalmente a la sociedad, previo acuerdo de su junta. Cuando se invoca una infracción del deber de lealtad, los socios que reúnan la participación exigida pueden promoverla directamente; los acreedores también cuentan con una vía subsidiaria en los supuestos previstos legalmente. El plazo general de prescripción es de cuatro años, cuyo inicio debe examinarse según las circunstancias.
Por eso, antes de acudir a los tribunales, conviene analizar la operación y definir con precisión la reclamación. No todo margen comercial es un perjuicio ni todo conflicto de intereses acredita por sí solo un enriquecimiento injusto. La diferencia puede ser determinante para que una demanda prospere.
Departamento Jurídico
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