Editorial. Opinión-Granada Económica

Ángel MARTÍN-LAGOS CARRERAS

Empleo y pensiones

La tan traída, llevada, manoseada y, a veces, manipulada crisis económica cuyo comienzo apareció envuelto en la penumbra, políticamente interesada de su transitoriedad, de su levedad, de su escasa  afectación a la economía española, o, en el otro extremo, de sus apocalípticos efectos que provocarían la práctica desaparición del tejido productivo español, ha tenido por el contrario algún efecto positivo, al menos, desde el punto

de vista didáctico: la sociedad en su conjunto, afectada en sus carnes por la situación, se ha visto implicada directamente en el debate político-económico de manera que quien más y menos se siente en condiciones de valorar las actuaciones de unos y otros.

Y en este orden de ideas, y sobrepasada ya la etapa de aplicación de medidas estrictamente financieras, la discusión en este país nuestro se va deslizando suave, pero imparablemente, hacia otras vertientes, culminando por ahora en el debate sobre la reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

Vayamos por partes. La insostenible tasa de paro que perturba al país (en torno 19%) hace que la reforma laboral sea necesaria, y en eso coinciden Gobierno, sindicatos y empresarios. Por eso creo que es un buen punto de partida el documento aprobado por el Gobierno denominado “Líneas de actuación en el mercado de trabajo para sus discusión con los interlocutores sociales en el dialogo social”; prueba de ello es que ha sido bien recibido por los sindicatos y la patronal. El documento va en la buena dirección al declarar como objetivos prioritarios: situar la contratación estable como elemento central del nuevo modelo de crecimiento económico, racionalizar el uso de la contratación temporal, dotar de la máxima flexibilidad interna a las empresas con problemas económicos sin afectar tan intensamente al volumen de empleo, mejorar de la intermediación laboral, poner en sus justos términos el despido improcedente, clarificar la extinción de contratos por causas económicas, etc. . 

Debe quedar, pues, claro, que la reforma laboral no pasa por permitir el despido libre y gratuito sino, entre otros objetivos, por fomentar el empleo y la estabilidad laboral del trabajador: solo el trabajo estable que permita la formación y cualificación de los trabajadores hará que estos se sientan de verdad implicados y comprometidos con cada Proyecto empresarial; y ello redundará en un incremento de la productividad, mejorando la competitividad de las empresas.

 La reforma de las pensiones (prolongación de la vida laboral hasta los 67 años, y la ampliación del cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación)  es otro cantar. Primero, porque nada tiene que ver con la crisis económica, sino con los cambios demográficos y el aumento de la esperanza de vida en España; y en segundo lugar, porque la salud financiera del sistema es buena: el Fondo de Reserva cuenta con 60.000 millones de euros y se acaba de cerrar el ejercicio presupuestario con un superávit de más de 8.000 millones. 

A mi juicio, el debate sobre las pensiones, siendo necesario, ha de plantearse en su tiempo y en su sede natural, es decir, dentro del calendario previsto por los protagonistas el Pacto de Toledo y en el seno de éste. Sacar el debate fuera de esos sus  “espacios naturales», haciéndolo coincidir con las urgencias derivadas de la crisis y con el agrio enfrentamiento actual político y partidista, es abocar las pensiones, con toda su inmensa carga emocional y económica, a un terreno en donde la demagogia y la desmesura suelen vencer al rigor, a la sensatez y a la moderación.

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