“Desde nuestra firma inculcamos al empresario las ventajas del asesoramiento legal preventivo”
El prestigioso jurista detalla las claves del trabajo de HispaColex, bufete que fundó en 1990, y los casos ganados en multitud de materias, que van desde el concurso del Granada CF, el cártel de los camiones o incluso sentencias del Tribunal Constitucional

Javier López y García de la Serrana no necesita presentación alguna para todos aquellos que se mueven a diario en el ámbito jurídico granadino. Socio fundador del bufete HispaColex, que se puso en marcha allá por 1990, no son pocos los éxitos obtenidos por todos los letrados que integran el mismo, incluso con sentencias que han sentado jurisprudencia hasta por el Tribunal Constitucional. Pero en el ámbito empresarial, la labor de López y García de la Serrana también es más que destacable aunque sea menos conocida. La sentencia que da por hecho que un cártel de fabricantes de camiones cobraba más dinero por los mismos del que hubiera sido el derivado de la libre competencia, ha supuesto una condena importante y el reintegro de esas cantidades a sus ´víctimas´. En la entrevista concedida a GRANADA ECONÓMICA, este letrado se refiere también a otro mal que afecta al empresariado: la falta de asesoramiento legal reglado y la tardanza en tomar decisiones de calado, como la de retrasar la presentación de concurso de acreedores que son letales para la supervivencia de cualquier compañía en riesgo.

HispaColex Bufete Jurídico lleva en funcionamiento desde 1990. ¿Qué estructura tiene y qué áreas de trabajo cubre?

Nuestro bufete se conforma en torno a departamentos jurídicos, fuertemente cohesionados gracias a la labor de sus directores y al loable ejercicio de coordinación entre ellos que se realiza desde la gerencia. A su vez, cada departamento se divide en diferentes áreas de especialización, lo que nos permite ofrecer un servicio global. A día de hoy, contamos con más de 25 especialidades que abarcan desde las áreas más tradicionales, como el derecho mercantil, laboral, civil, concursal, de seguros, hasta las más recientemente incorporadas, como el derecho digital. Nuestra capacidad multidisciplinar nos permite que el cliente pueda obtener respuestas totalmente especializadas y personalizadas frente a cualquier área del Derecho.

La clave de la labor de esta firma, por tanto, viene por el trabajo en equipo, por el intercambio de conocimiento…

Efectivamente, nuestra forma de trabajar de manera coordinada y especializada nos lleva a una rapidez de respuesta en la prestación de nuestros servicios y con ello a la transparencia de nuestras actuaciones, siendo esas tres palabras -equipo, rapidez y transparencia- las que más representan los valores de nuestra firma. El trabajo en equipo, bien entendido, comporta una gran dosis de generosidad porque, precisamente, a la hora de ejercer ese intercambio de conocimiento entre compañeros, lo que se persigue es exclusivamente satisfacer a un cliente al que se le ha ofrecido una solución que, en muchos casos, conlleva la suma de las aportaciones de varios especialistas; siendo además dicha especialización la que permite por una lado una rapidez de respuesta, así como una mayor transparencia, pues estamos deseando mostrarle nuestro trabajo.

Uno de los éxitos más relevantes del bufete, fue el caso del cártel de camiones, donde consiguieron que se condenase a empresas fabricantes por pactar precios. ¿Qué valoración hace sobre este asunto?

Este ha sido uno de los procesos en los que, junto al trabajo colaborativo, ha jugado un papel importante la perseverancia. Se trata de demandas complejas, en las que la labor jurídica se debe sustentar sobre una pericial que demuestre el precio pagado de más por cada camión adquirido, y que, en función del fabricante, hemos debido traducir al francés, alemán, sueco, italiano y holandés. Desde la campaña de concienciación que realizamos en el año 2017, animando a los compradores de camiones a iniciar la reclamación, no ha sido hasta este último trimestre de 2022 que hemos empezado a obtener sentencias favorables importantes, que han hecho recuperar a nuestros clientes su fe en la justicia y además, condenando a los fabricantes al pago de cantidades nada desdeñables, que han llegado hasta más de un millón de euros en algunos casos.

Hemos pasado dos largos años de pandemia y ahora afloran consecuencias graves en el ámbito empresarial, como el incremento de los concursos de acreedores en un 49% en la provincia de Granada, hasta diciembre del pasado año. ¿Qué cree que va a pasar en este mismo ámbito a lo largo de 2023?

Es evidente que el incremento de concursos está siendo muy significativo, y que la tendencia seguirá en alza durante este año, pero no tanto por causa de las dificultades que impuso la pandemia a tantos negocios, sino por efecto de la finalización de las moratorias concursales que concedió el Gobierno y cuyos efectos dilatorios han permitido que sean muchas más las empresas en crisis que desde mediados del pasado año han presentado concurso. Los concursos han existido y van a seguir existiendo mientras el empresario que sufra dificultades económicas tenga el impulso de resistir en el mercado, a base de forzar su crédito hasta el límite y sin ser consciente de que “frenar” y dejarse asesorar en los momentos complicados para reestructurar su empresa, puede salvarle a él y a sus trabajadores.

Usted que logró que el Granada CF saliera airoso del concurso. ¿Qué aconseja a las empresas que están en graves dificultades y no lo han presentado?

Es importante que las empresas en riesgo no esperen a que sea demasiado tarde y tomen la decisión de presentar concurso lo antes posible, porque es la única manera de que tengan posibilidades de salir airosas del mismo, permitiendo en todo caso que se pueda realizar la venta de su unidad productiva en mejores condiciones que si se espera demasiado y se hace inviable mantener la actividad. Hay que tener muy presente que los concursos tienen vertientes en muchos órdenes del derecho -concursal, mercantil, fiscal, laboral, administrativo-, por lo que las empresas que estén sufriendo una situación complicada deben asesorarse muy bien, acudir a un despacho especializado y no demorarlo en ningún momento. Más aún cuando, con la última reforma, se permite que determinados acreedores, aquellos que tengan más de un 5% del pasivo o un millón de euros de crédito, puedan solicitar la declaración de concurso culpable.

Es un hecho que no pocas empresas nacen y se desarrollan sin asesoramiento jurídico, más allá de consejos de algún abogado. ¿Cómo es posible que no se contemple este apartado, dada la responsabilidad que han de asumir con algunas decisiones?

Ciertamente sorprende ver cómo los proyectos de lanzamiento empresarial que contemplan al detalle todo lo necesario para su viabilidad, prescinden de un servicio tan esencial como el que reporta el asesor jurídico. Lo que también se puede aplicar a algunas empresas ya consolidadas, sobre todo las familiares. Desde que se fundó HispaColex en 1990 no hemos dejado de inculcar al empresario las ventajas del asesoramiento legal preventivo, un concepto difícil de asimilar en una sociedad acostumbrada a solucionar un problema cuando se tiene encima, en lugar de poner medios para evitarlo. Unido a la mala costumbre de autoasesorarse, sin tener presente que dicha práctica es igual de peligrosa que automedicarse.

Apoyo al Acelerador de Partículas
¿Qué relevancia tiene para su bufete el haber conseguido asesorar el proyecto del acelerador del IFMIF-DONES?

Presentamos nuestra propuesta de colaboración ante el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) al igual que otras reconocidas firmas jurídicas con las que concurrimos, por lo que cuando el 25 de marzo de 2020 nos notificaron la adjudicación, nuestra alegría fue doble. Por un lado, por el reconocimiento del nivel y calidad de nuestros servicios legales y, por otro, porque como firma jurídica granadina estamos prestando apoyo al CIEMAT en el proyecto científico empresarial más importante en la historia de nuestra provincia, donde todos los implicados actuales, entre los que estamos empresas colaboradoras como HispaColex, tenemos la oportunidad de hacer bien las cosas desde el inicio de este gran proyecto transformador de Granada, aunque no será hasta la fase operativa en la que se podrá apreciar el verdadero impacto del mismo.

A lo largo de su trayectoria, ¿qué casos son los que más recuerda?

Son numerosas las sentencias, tanto de Audiencias Provinciales, del TSJ o del Tribunal Supremo, que a lo largo de mis 32 años de ejercer esta bendita profesión han supuesto un motivo de alegría personal y para el despacho, pero sobre todo si se producen al principio de tu carrera profesional y cuando quien te otorga la razón es el Tribunal Constitucional, entonces esas sentencias llegan a emocionarte, pues la trascendencia de las mismas supera al supuesto particular –de hecho son publicadas en el BOE–. Ese fue el caso de los dos recursos de amparo -2.947/97 y 4843/98- que con solo 7 y 8 años de ejercicio profesional, respectivamente, presenté ante el Tribunal Constitucional y que obtuvieron un pronunciamiento favorable en ambos supuestos.

¿Qué trataban ambos fallos?

En el primero de ellos, la sentencia del Tribunal Constitucional 203/2000, de 24 de julio de 2000, abría en España la posibilidad de que todos los funcionarios interinos pudieran optar al disfrute de la excedencia voluntaria para el cuidado de hijos sin necesidad de ser personal fijo de plantilla. En el segundo, la sentencia del Tribunal Constitucional 179/2002, de 14 de octubre de 2002, trajo consigo la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el sentido de prever que contra el auto del juzgado de instrucción de denegación de archivo no cabe el recurso de queja –que no prevé contradicción–, sino el de apelación –que sí prevé la contradicción–, con objeto de escuchar a ambas partes en estos supuestos, otorgándole una tutela judicial efectiva.

En un plano más personal, ¿su creciente relevancia pública le hace plantearse un eventual salto a la política o lo descarta de plano? ¿Le han “tentado”?

Creo que todos, como ciudadanos, ejercemos en nuestro entorno el noble arte de la política cuando debatimos, consensuamos o discrepamos sobre cuestiones que nos afectan. En este sentido, cada vez que acudo al Ministerio de Justicia o a la Dirección General de Seguros a una de las sesiones periódicas de la Comisión de Seguimiento del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, de la que formo parte desde 2017, soy muy consciente de que, junto a mis compañeros, tomamos decisiones que repercutirán en la cuantificación del daño causado a miles de personas por causa de accidentes de circulación, lo que conlleva una enorme responsabilidad; esa es otra forma de participar en la política del Estado. Pero contestando más directamente a su pregunta, es cierto que me han ofrecido en varias ocasiones participar activamente en la vida política, tanto local como nacional, pero hasta el momento no me lo he planteado.

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