El sector de la construcción de Granada alarmado por la entrada de diputación en el accionariado de Tragsa
ACP Granada muy preocupada por la negativa repercusión en el empleo de la provincia

ACP Granada ha advertido a Diputación de Granada en varias ocasiones del inmenso daño que puede causar Tragsa en la provincia; y es que, con la entrada de Diputación en la empresa pública Tragsa, la misma se pone al servicio de la entidad para que se le encomienden obras con las siguientes repercusiones y consecuencias:

Contratación directa: Diputación podrá encomendar la ejecución de obras de forma directa a la empresa pública. sin que exista libre concurrencia de empresa alguna, ni criterios de ponderación de la oferta.

Competencia desleal: Tragsa marca sus propios precios y cuenta con privilegios fiscales impensables en una empresa privada.

Subcontratación abusiva: Tragsa puede “desmenuzar” las obras encomendadas, subcontratando mano de obra, maquinaria y materiales; sin aportar valor añadido, recursos materiales, ni personal propio.

Diputación sacará partidas del presupuesto de inversión destinado a obras del sistema de licitación pública para dedicarlo a la empresa pública.

– Daño al empleo de la provincia: La adjudicación a la empresa pública Tragsa debilitará al tejido empresarial granadino con los consecuentes efectos en el empleo. Ya que el empresariado se verá relegado a ser en el mejor de los casos subcontrata.

Evita la eliminación de trabas burocráticas. El complejo e ineficiente sistema de adjudicación de obras de Diputación puede ser “legalmente salvado” a través de la encomienda directa de obras; cuestión que complicará aún más la modernización, agilización y mejora de los procesos internos de la Diputación.

Y es que la empresa Tragsa a pesar de que en sus estatutos contempla como objeto social las actividades relacionadas con servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación y protección
del medio natural y medioambiental, de acuicultura y de pesca. También contempla la realización de tareas para las que se le requiera por la vía de la urgencia o de emergencia, cuestiones que pueden ser “surgir” en la Diputación, a través de la declaración del pleno, por la simple relajación de los plazos, la falta diligencia o la próxima caducidad de partidas presupuestarias.

En definitiva, la compra de una acción de Tragsa por parte de Diputación de Granada abre un nuevo escenario que evita solventar ineficiencias administrativas en Diputación, desincentivando corregir y mejorar procedimientos; dañando al sector de la construcción y haciendo desaparecer empleo de la provincia de Granada. Sin duda un auténtico despropósito.
Acp Granada se ve en la obligación de dar a conocer esta situación y estará vigilante de las encomiendas que puedan hacerse a Tragsa para que cumplan escrupulosamente los criterios que la Ley marca, impugnando sistemáticamente aquellos procedimientos en los que se sobrepasen los límites para los que Tragsa fue creado.
Siendo abundantes los casos en los que el uso de Tragsa por parte de determinadas Administraciones se convierte en abuso, queremos resaltar que la empresa pública Tragsa cuenta, según las cuentas anuales de 2021 y la información publicada, con:

Facturación: 1.117 millones de euros
Beneficio: 24,9 millones de euros
Capital: 32,53 millones de euros
Cartera de negocio a diciembre de 2021: 1.800 millones de euros

Todo ello sin pasar por proceso alguno de licitación al ser considerado un “medio propio” de la Administración.
Desde ACP Granada hemos mantenido contacto con Diputación desde la compra de la acción y expuesto los motivos de preocupación; solicitándonos tranquilidad ante la “escasa” probabilidad de utilizar este recurso, pero la cuestión inquieta al sector de la Construcción ante la ineficiencia de los procedimientos y la escasa proyección de los compromisos adquiridos ante los continuos cambios en los responsables de la Corporación.

Consideramos que la Diputación de Granada debe ser la primera entidad de la provincia que apoye y respalde a las empresas constructoras de Granada y esperamos que no se utilice este recurso de forma errónea por el daño que provoca al tejido empresarial de Granada.

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