Las carreteras autonómicas precisan más dinero para su mejora y seguridad
Los consejeros de Fomento de cuatro comunidades debaten sobre los problemas y retos que comparten a la hora de gestionar las redes viarias que son de su competencia
El V Congreso Andaluz de Carreteras acogió dentro de su denso programa, concentrado en dos jornadas y media, una mesa redonda en la que los titulares de las consejerías de Fomento, o en su caso Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Movilidad, debatieron los principales problemas y retos a los que se enfrentan a diario en la gestión de las redes de carreteras de carácter autonómico que están bajo su responsabilidad. Un debate que estuvo moderado por el director general de Infraestructuras de la Junta de Andalucía, Enrique Catalina, y en el que participaron Marifrán Carazo, por parte de Andalucía; Ethel María Vázquez, desde Galicia con una pequeña ponencia grabada y que se emitió on line ante su imposibilidad de estar presente en el acto; José Luis Soro, responsable en Aragón; y finalmente, José Ramón Díez de Revenga, titular de la misma cartera por parte de la Región de Murcia. Todos ellos reconocieron lo que Catalina había dejado claro en la introducción del coloquio: las consejerías en las que están al frente son departamentos abiertos los 365 días del año, las 24 horas al día, pues las carreteras necesitan de una atención permanente que evite cualquier tipo de colapso, tan perjudicial para los intereses de la economía del país y de las localidades que comunican. Andalucía es, con diferencia, la comunidad autónoma con mayor volumen de kilómetros, 10.500 en total, que dependen directamente del Gobierno que encabeza Juanma Moreno. Algo que exige un presupuesto de 1.100 millones de euros anuales para que esta vasta malla de comunicación no sólo esté operativa, sino que se encuentre en las mejores condiciones posibles.
A las cuestiones con que Enrique Catalina interpelaba a los consejeros participantes en la mesa redonda, estos contestaban con los datos de que disponían y con las líneas maestras diseñadas en cada comunidad autónoma. Marifrán Carazo dejó claro desde el primer momento que el objetivo en la actual coyuntura en su departamento es que “no se paralice la ejecución de obra pública”, pues no son pocos los proyectos en los que se trabaja y las obras que se ejecutan en toda Andalucía. Hacía alusión a este asunto ante el problema que ha supuesto para muchas constructoras el desequilibrio en sus cuentas de resultados por el aumento de costes tanto de las materias primas que emplean como de la energía que utilizan. Carazo aseguró que “de cara a los nuevos contratos, la revisión es permanente” en los presupuestos con que se licitan esas obras. Abundó en la idea al señalar también, como lo hiciera en la inauguración del congreso, que en la Consejería de Fomento hemos actualizado los precios para las nuevas licitaciones, pero queda pendiente la regulación del Gobierno de España para las obras que están en marcha”.
Desde Galicia, Ethel María Vázquez, puso el punto de mira de su intervención en el hecho de que el presupuesto con que cuenta su departamento se ha visto reducido en los últimos años para incrementar el de los servicios sociales esenciales, más necesarios que nunca por los efectos de la pandemia. “Para la Xunta de Galicia, las carreteras son esenciales y ante el problema de contar con un presupuesto más restrictivo, el objetivo es hacer más con menos (recursos), pero sobre todo hacerlo mejor”, afirmó. También aludió al problema mencionado por Carazo de la crisis que ha supuesto el subidón en el coste de los materiales. “Aquí no caben titubeos ni demoras. Es necesario implementar medidas de revisión de precios”, aseguró tajante. Ya en otro orden de cosas, Vázquez aludió al desafío que supone avanzar hacia un sistema de movilidad más sostenible. “Galicia es referencia en España en transporte colectivo, limpio y alternativo”, concluyó. Esta comunidad autónoma cuenta con una red dependiente de la Xunta de 5.500 kilómetros y un presupuesto de mantenimiento anual de la misma de 50 millones de euros.
Aragón y Murcia
José Luis Soro, titular de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, introdujo su intervención destacando que su comunidad autónoma cuenta una muy baja densidad de población por kilómetro cuadrado y con una red de carreteras dependientes de la misma “muy deteriorada”. Ante esta evidencia así como la de que “tenemos escasez de recursos económicos para atender a las necesidades derivadas de la movilidad de los ciudadanos aragoneses”, enfocó las soluciones de su departamento en dos direcciones: involucrar la gestión privada en el desarrollo y mejora de las carreteras y que estas empresas acepten un pago por disponibilidad, “naturalmente garantizado por el Gobierno de Aragón”. Aseguró que el objetivo que se han marcado es el de actuar en el 30% de la malla de carreteras autonómicas, con un presupuesto anual de más de 500 millones de euros. También aludió a la importancia que el Gobierno de Aragón concede a la red secundaria de carreteras, para evitar precisamente que a otros muchos problemas que padecen los pequeños municipios -la despoblación en su conjunto- se una también las dificultades de comunicación entre ellos y con las capitales de cada una de las provincias.
El cuarto consejero presente en la mesa de debate, el de la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, coincidió también con sus homólogos en la dificultad de todos los gobiernos autonómicos para conseguir fondos con los que mejorar las carreteras de sus respectivos territorios. ¿Por qué?, se preguntó. Y la contestación la ofreció él mismo: “Porque la sociedad ‘dispara’ en otro sentido”, dando a entender que entre las prioridades de los ciudadanos no se encuentra precisamente ésta. Ante este planteamiento, Díez de Revenga reivindicó “el carácter social de las carreteras”. Y para hacer más patente este planteamiento puso un ejemplo: “¿De qué sirve tener un buen colegio en una localidad remota si los niños se juegan la vida en el trayecto?”. En su opinión, y haciendo alusión al lema del congreso, hay que apoyar “las carreteras verdes, seguras y conectadas, pero esto no es suficiente; hay que destinar mayores partidas presupuestarias a las carreteras porque cumplen una función social”. A su juicio, las carreteras, la movilidad de los ciudadanos, cumplen con un fin social al mismo nivel que la sanidad, la educación o la dependencia.
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