Granada ante el reto de modernizar su Ayuntamiento
Granada habló el domingo, pero hasta el quince de junio no sabremos que ha querido decir exactamente, porque los resultados electorales permiten que aún se siga jugando el partido. No obstante lo anterior, a la mayoría que gobierne o a la minoría que lo haga, le urge resolver los dos grandes problemas de este mandato y que entran por derecho propio en la agenda política municipal cuya solución no admite demora. Uno sistémico, la deuda financiera y comercial y otro la reflexión sobre los dos mayores contratos que licitarán en estos cuatro años, la recogida de residuos y el transporte urbano.
Si la política se puede definir como la dramática elección sobre dos bienes igualmente valiosos, en este caso no es posible tal elección. De una parte porque la deuda ahoga el ejercicio de políticas públicas al limitar la capacidad de gasto de las áreas. de gobierno municipales. Que sea o no posible aliviar esa deuda por medio de la reconversión de los préstamos, puede permitir reducir el periodo medio de pago, cuestión necesaria, pero será solo una medida cosmética. Es vital aumentar la recaudación y para ello, se debe invertir en organización, en administración electrónica y en estructura profesional. Esas son, a mi juicio, las claves de bóveda de estos cuatro años si queremos abandonar ese furgón de cola en el que llevamos demasiados años instalados.
Pero a lo anterior hay que añadir el otro, de no menos importancia y que deriva de la situación de las dos grandes concesiones municipales, la de recogida de residuos y la de transporte. Y básicamente porque las opciones pasan inexorablemente por el mantenimiento de tales concesiones, lo que no significa tales concesionarios. La otra posibilidad, la de remunicipalizar servicios con el fin de conseguir ahorros y economías, tiene un problema legal de evidente importancia, que no es otra que la imposibilidad de que el Ayuntamiento de Granada pueda crear sociedades al amparo del artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y ello, porque tenemos un plan de ajuste con el fin de poder beneficiarnos de medidas económicas tales como la reconversión de los préstamos del plan de pago a proveedores en deuda a largo plazo con reducción de los intereses, y ese plan de ajuste, opera como limite a la capacidad de creación de empresas al amparo del ejercicio de actividades económicas que afecta a los poderes públicos puesto que la Disposición adicional novena de la Ley 7/19895 (incorporada por la Ley 57/2013) impide a los municipios con plan de ajuste y durante toda su vigencia, la constitución de sociedades. Reconvertir esos servicios en un área más y contratar el Ayuntamiento es una cuestión que topa con la regla de gasto y el incremento de personal, y por tanto debería desecharse de inmediato por el más que previsible aumento de gasto público y demás problemas técnicos.
Por lo tanto, puesto que como los politólogos afirman que para ejercer políticas hacen falta dos elementos escasos, tiempo y dinero, el nuevo consistorio solo podrá jugar con la primera variable, porque de la segunda andamos escasillos…
*Gustavo García-Villanova Zurita
Vicesecretario General
del Ayuntamiento de Granada
