¿Podemos parar la reforma laboral?

Esta es la pregunta que con frecuencia nos hacen los trabajadores Y nuestra respuesta es clara: es difícil pero posible. 

Es cierto que el Gobierno hace valer su legitimidad para gobernar, pero no es menos cierto que esa legitimidad hay que ganársela día a día, con políticas centradas en los ciudadanos. Rajoy debería entender que la difícil coyuntura que nos ha tocado vivir exige diálogo y negociación, porque una política prepotente no sirve para solucionar problemas sino para incrementar el descontento social. 

Nos preocupa que la reactivación económica y la creación de empleo no estén entre sus prioridades. De hecho, todos los días nos pintan un panorama negro y nos envían mensajes con su diagnóstico de la situación y con las recetas para que otros paguemos los platos rotos de la especulación y la avaricia. Lo curioso es que nos presentan sus recetas como la única alternativa, pero no plantean soluciones para eliminar las causas que provocaron la crisis, ni defienden el control político de la economía, ni exigen compromiso a los que más tienen para que arrimen el hombro y asuman su parte proporcional del sacrificio y, lo que es peor, no proponen soluciones reales y creíbles para salvar a los más desfavorecidos, a los más vulnerables. Nos cuentan lo que va a crecer el paro en 2012, pero nada hacen para remediarlo. 

En la UGT creemos que una mayoría absoluta no da derecho a gobernar de espaldas a los ciudadanos, sus necesidades, su bienestar, sus derechos… su dignidad. Con esta reforma han decidido convertir su tarea de gobierno en una autentica cruzada contra los sindicatos de clase, contra los derechos sindicales, demostrando un absoluto desprecio a nuestro papel constitucional, al diálogo social, al valor del acuerdo con los agentes sociales y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 

Estamos convencidos de que esta reforma laboral instalará el despido libre en el 98 por ciento de las empresas granadinas y no mejorará las expectativas de los 106.617 parados de nuestra provincia. Los datos del paro de febrero, casi 4.000 parados más, corroboran que la sangría laboral no ha hecho nada más que empezar. A los despidos en el sector privado, se irán sumando los del sector público, a los que  esta reforma laboral abre la puerta de par en par. 

Junto a los despidos, habrá un efecto sustitución. Los despedidos serán trabajadores con derechos y los contratados  trabajadores en precario. Situación que pinta un futuro funesto para nuestro mercado laboral, pero también para nuestra economía. Empobrecerá a la población, promoverá una reducción salarial generalizada, y hará retroceder a los trabajadores de la provincia hasta la etapa predemocrática en la que será la mayor regresión laboral de la historia de España. Con esta receta, la participación salarial en la Renta Nacional, puede llegar a los niveles de desigualdad de los países emergentes. Pero también, muchas empresas cerrarán, sobre todo autónomos y micropymes, ahogadas por la reducción drástica del consumo.

Está claro que el gobierno ha optado por seguir las directrices de la troika y los mercados financieros, cuya política económica suicida nos lleva a la recesión económica y cuya hoja de ruta incluye el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Por tanto, el objetivo de su reforma laboral no es crear empleo, y lo saben, su objetivo es ganar competitividad con los bajos sueldos de las economías emergentes, en sectores con menor valor añadido. 

En sus recetas, esas que se venden como la única alternativa a la crisis, no hay visos de querer cambiar el modelo productivo, ni apostar por la productividad y la investigación; se ha abandonado la política industrial y parece que se quiere recuperar cierta dosis de burbuja inmobiliaria; hay poca voluntad política de luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal; y mucho menos de cambiar el sistema fiscal por otro más justo. 

Tampoco hay alternativas para los parados. Por ejemplo, tenemos en Granada más de 36.000 parados de larga duración que, con la reforma laboral, se ven abocados a la exclusión social y al desarraigo del mercado de trabajo.  La situación es tal que podemos hablar de un «tsunami» del paro de larga duración ya que, las prestaciones sociales se agotan y los problemas sociales y de salud se multiplican.  Si no hacen nada para cambiar esta situación, es muy posible que en poco tiempo enfrentemos una crisis social de incalculables consecuencias. 

En definitiva, la reforma laboral nos afecta a todos, directa o indirectamente: trabajadores, en activo o en paro, autónomos, pequeños empresarios, ciudadanos en general. Y todos debemos movilizarnos para modificar, mediante el diálogo y el acuerdo, sus aspectos negativos, así como evitar que el texto empeore en el Parlamento.  Luchando unidos, podemos.

*Manuela Martínez es secretaria provincial de UGT